¿Qué es un delito fiscal?

La sociedad se rige por unas normas. Cuando alguien las incumple, se ponen en marcha una serie de procedimientos legales con las que castigar a los culpables. Sin embargo, estaremos de acuerdo que hay una diferencia enorme entre colarse en el metro, superar el límite de velocidad en una zona residencial, robar en una tienda y cometer un asesinato. Por muy deplorables que sean todos esos actos, el castigo correspondiente deberá ajustarse a la gravedad de dicho acto. Unos casos serán tipificados como infracción y otros como delito. ¿ Qué es un delito fiscal?

En el ámbito financiero sucede lo mismo. Una persona o empresa puede saltarse las normas. Estas trasgresiones aparecen registradas en la Ley General Tributaria y las denomina infracciones. El castigo correspondiente es lo que se conoce como sanción. Por tanto, ¿qué es lo que diferencia a una infracción de un delito fiscal?

Diferencia entre infracción y delito fiscal

Un delito fiscal, al igual que una infracción, consiste en defraudar a Hacienda. Pero si la segunda viene definida por la Ley General Tributaria, la primera forma parte del 
Código Penal. Podemos encontrar más información al respecto en los siguientes artículos:

• 305: respecto tributos estatales, autonómicos o locales.
• 306: fondos de presupuestos de las Comunidades.
• 307: defraudación a la Seguridad Social.
• 308: fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas públicas.
• 309: obtención indebida de fondos de los presupuestos de las Comunidades.
• 310: delitos contables.

Por otro lado, la infracción afecta tanto a personas físicas como jurídicas. Pero el delito fiscal pena a personas físicas, nada más. Es decir, que personas y entidades están sujetas a sanciones administrativas mientras que las sanciones penales se aplican solo a los individuos.

¿Qué se considera delito fiscal?

La pregunta, por tanto, es saber cómo diferenciar cuándo una empresa o persona incurre en infracción o delito. Afortunadamente, la respuesta es muy sencilla: si quien defrauda a Hacienda lo hace por un importe igual o superior a 120.000€, se considera delito fiscal. Sin embargo, estamos hablando del caso de España. Porque, en caso de defraudar a la Hacienda Europea, el importe mínimo para que implique delito fiscal es de 50.000€.

El modo habitual de cometer fraude fiscal es a través de la elusión del pago de tributos, la obtención ilegal de beneficios fiscales y la no declaración de elementos patrimoniales a Hacienda. Asimismo, entran dentro de esta categoría el falseo de las condiciones de concesión de una ayuda pública, ocultar datos que impidiesen la recepción de la misma o emplearla para otros fines no acordados. Este tipo de delitos se han popularizado en nuestro país después de que se realizase una investigación a 
varios jugadores de fútbol en nuestra liga.

A su vez, el delito fiscal se considera más grave si el importe defraudado está por encima de los 600.000€, lo ha realizado un grupo criminal o se haya apoyado en sociedades pantalla, personas interpuestas o paraísos fiscales.

Por tanto, el Código Penal interviene en el proceso en el momento que se demuestra que la cantidad defraudada llega a alguna de esas cifras mediante las tres opciones mencionadas. Una vez determinado que se trata de un delito fiscal, habrá que saber qué sanciones acarrea.

Cuáles son las penas

Obviamente, será el juez quien determine la sentencia adecuada. No obstante, lo habitual es eximir de pena al acusado siempre y cuando regularice su situación tributaria. Eso sí, para evitar el castigo deberá haber reconocido su deuda ante la Administración Pública e ingresado el dinero defraudado antes del inicio del proceso. En caso contrario, irá a juicio.

En este caso, el acusado dispondrá de dos meses para satisfacer su deuda y reconocer los hechos ante el juez. Esto no eximirá de culpa al acusado, pero sí atenuará la sentencia final. No obstante, perderá cualquier derecho a recibir subvenciones o ayudas de incentivos fiscales de la Seguridad Social durante un plazo estimado entre 3 y 6 años, según la sentencia.

En cuanto a las penas recogidas por la Ley, las sanciones dependerán del tipo de fraude fiscal cometido. Si se trata de un delito fiscal normal, el acusado será condenado a pena de cárcel por un tiempo entre uno y cinco años, además de tener que abonar una multa junto con la pérdida de ayudas expresada en el párrafo anterior. En el caso de un delito fiscal grave, la condena será igual que la anterior, con la diferencia que el periodo de prisión oscilará entre dos y seis años, y de cuatro a ocho años sin posibilidad de recibir ayudas o subvenciones por parte del Estado. Finalmente, en el caso de fraude de subvenciones, el acusado recibirá una pena de prisión entre uno y cinco años, con la obligación de pagar la multa que decrete el juez.